
La reforma migratoria tiene a algunos republicanos en Washington en la encrucijada: Deben complacer a los latinos y sus constituyentes blancos al mismo tiempo. El pasado 11 de junio, el Senado votó para iniciar el debate sobre la reforma migratoria, con la oposición de 15 republicanos. Muchos de ellos dicen que se debería reforzar los componentes de seguridad fronteriza.
Sin embargo, enmiendas que refuerzan la seguridad fronteriza habían sido derrotadas por el senado donde “El Grupo de Ocho” trata de mantener unidad a pesar de la presión republicana por medidas más duras.
El 12 de junio, el Senado votó en contra de una enmienda por el republicano Chuck Grassley de Iowa que hubiera requerido que el departamento de seguridad interna asegure la frontera seis meses antes de cualquier legalización.
El senador republicano John Cornyn de Texas propuso una enmienda que hubiera bloqueado la legalización hasta que se logre atrapar el 90% de las personas que traten de cruzar la frontera y se tenga un monitoreo total de la misma.
Esta enmienda fue criticada por el republicano John McCain de Arizona que la llamó una “píldora venenosa” y el pasado 20 de junio el senado la rechazó 54 votos en contra con 43 a favor.
El republicano Marco Rubio de la Florida también incorporó su propia enmienda que requeriría que los inmigrantes aprendan inglés antes de recibir residencia.
El senador republicano de Kentucky Rand Paul, hablando con un grupo de latinos conservadores, expresó sus dudas acerca de la reforma. Él propuso una enmienda que haría que el Congreso vote cada cinco años sobre seguridad fronteriza y de esa manera decidir cuántos inmigrantes serían legalizados ese año.
“No quiero votar sí y después tener agente apuntándome con el dedo diciendo, ‘Hay diez millones de personas más aquí. ¿Por qué firmaste eso?’” dijo Paul.
Alfonso Aguilar, director executivo del Latino Partnership for Conservative Principles, le pidió a los legisladores republicanos que “introduzcan sus enmiendas, hagan entender sus puntos, pero aún así voten por la reforma”.
El mismo día que la enmienda de Cornyn fue rechazada, el Senado se comprometió con otra enmienda que duplica el número de agentes fronterizos a 40,000, añade 700 millas de cerca en la frontera y $3.2 billones en tecnología similar a la que usa el ejercito.
Mientras la reforma avanza en el Senado, los republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes aún preparan su propia versión.
El ex-gobernador de Mississippi Haley Barbour dijo que las áreas rurales de ese estado, cuyos votantes son en su mayoría blancos, dependen del trabajo de inmigrantes y los votantes pueden favorecer la reforma.
“Si vas a una planta procesadora de pollos en Mississippi y encuentras alguien allí que sepa inglés yo te daré cien dólares”, dijo Barbour. “Todos están aquí para trabajar. Están dispuestos a hacer trabajos sucios donde regresan todos los días del trabajo cubiertos con sangre, tripas, patas y plumas”.
Pero las recientes acciones de algunos republicanos indican algo diferente. El pasado 9 de junio, la Cámara de Representantes aprobó una enmienda por el republicano Steve King de Iowa que deshace la acción diferida otorgada por el presidente Obama a los soñadores. Solamente seis republicanos votaron en contra.
En Junio 18, el Comité Judicial aprobó poner a votación el proyecto de ley del republicano Trey Gowdy de Carolina del Sur conocido como el SAFE Act. Esta ley haría de la inmigración ilegal un crimen federal y le daría a los estados el poder de hacer cumplir la ley de inmigración, tal como lo quería hacer Arizona.
El representante de Queens y vice-presidente del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes Joseph Crowley dijo que personalmente no cree que los estados deban tener el poder de hacer cumplir la ley de inmigración.
Sin embargo su colega y presidente del Caucus Xavier Becerra de California dijo que mirarán a todas las opciones. “Si eso hace que los estadounidenses estén más cómodos con la reforma, lo consideraremos”, dijo.
Percy Luján, Wasgington D.C.