El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció la sentencia condenatoria de Erasmo Ponce, propietario de Tortilleria Chinantla Inc., una fábrica de tortillas de maíz en Brooklyn. Ponce se declaró culpable de un cargo menor en junio y se le ordenó pagar casi $450.000 en restitución, incluyendo cubrir una indemnización pagada por la Junta de Compensación Laboral del Estado a la hija de un trabajador que murió en la fábrica en 2011.
El lunes fue condenado a 90 días de cárcel por el juez Alexander Jeong de la Corte Criminal de Brooklyn. Ponce ya pagó el dinero, pero comenzará su sentencia en la cárcel, en la cual deberá estar sólo los fines de semana para que pueda seguir al frente de su negocio durante la semana. El lunes fue procesado en la cárcel y deberá presentarse los viernes a las 5 de la tarde y podrá salir los domingos a las 5 de la tarde. Es un caso único porque casi nunca hay condena de cárcel por motivos laborales.
“Todas las leyes laborales – de salario mínimo, de compensación laboral, seguridad y salud – existen para proteger a los trabajadores vulnerables y garantizar estándares básicos de protección”, dijo el Fiscal General Schneiderman. “Mi oficina usará todas las herramientas a nuestra disposición, incluyendo cargos criminales cuando sea apropiado, para garantizar justicia para los trabajadores de Nueva York y sus familias.”
Además de la pena de cárcel, Ponce ha pagado $447,943.11 en restitución. De esa cantidad, $300.000 dólares se destinó a la Junta de Compensación Laboral para reembolsar a la agencia por el pago del beneficio hecho a la joven hija del trabajador Juan Baten. Otro $138,000 serán para Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York para cubrir las horas extras adeudadas a 28 empleados de Ponce durante el período de seis años, de 2006 a 2011, en el que no se pagaron los salarios por horas extras requeridos por ley. Los restantes $ 9,943.11 irán a los impuestos de seguro de desempleo que antes no habían sido pagados.
“Me duele que Juan no vea crecer a su hija Daisy. A pesar de que no tiene el amor de su padre, le deseo lo mejor y esta compensación ayuda”, dijo Rosario Ramírez, la viuda de Juan Baten. “La cárcel que deberá cumplir Erasmo Ponce significa que no se salió con la suya y su crimen y la muerte de Juan no fue en vano”.
“La industria de la producción de comida en Nueva York está plagada de personas como Erasmo Ponce que ponen en peligro la salud y la seguridad de los trabajadores inmigrantes, ahorran en seguridad y engañan al gobierno en el pago de impuestos”, dijo Daniel Gross, director ejecutivo de Brandworkers, quienes han asistido a Rosario Ramínez en la parte legal.
Varias investigaciones sobre las condiciones en la fabrica ubicada en 975 Grand Street fueron abiertas por agencias del gobierno en enero de 2011, cuando Baten, quien tenía 22 años, murió en un accidente. La Junta de Compensación Laboral del Estado de Nueva York encontró que el dueño de la fábrica no había comprado el Seguro de Compensación Laboral requerido por ley y no pagaba a los empleados las horas extras.
Ponce, de 57 años, de Whitestone, Queens, es el propietario y director ejecutivo de Tortilleria Chinantla, Inc., que sigue funcionando. La empresa no tiene seguro de compensación de trabajadores y empleó a más de cinco trabajadores entre 28 de marzo 2008 hasta el o alrededor del 24 de enero de 2011. Además, Ponce, que pagaba a sus empleados en efectivo, no reportó a sus trabajadores en declaraciones de impuestos de su empresa al Estado de Nueva York para los efectos del pago de impuesto sobre el seguro de desempleo.
Ponce fue arrestado por la Fiscalía General, en este caso el 27 de marzo de 2012. Él y su compañía fueron acusados de dos cargos de no asegurar el pago de indemnizaciones por más de cinco empleados, en violación de la ley de Compensación de Trabajadores § 52.1 (a), un delito clase E, doce cargos de Falsificación de Registros Comerciales en Primer Grado, una violación de la Ley Penal § 175.35, un delito mayor clase E; doce cargos de Ofrecer un Instrumento Falso para Archivo en Primer Grado, una violación de la Ley Penal § 175.35, un delito clase E, doce cargos de Omisión Intencional de Cotizar al Seguros de Desempleo, en violación de la Ley Laboral § 633, un delito menor clase A y once cargos de falta de Pago de Salarios en violación de la Ley Laboral § 198-a, un delito menor clase A.
On June 12, 2012, Tortilleria Chinantla Inc., pleaded guilty to one count of a violation of Workers’ Compensation Law §52.1(a), Failure to Secure the Payment of Compensation for more than five employees, a class E felony and one count of a violation of Labor Law § 198-a a class A misdemeanor. Ponce pleaded guilty to one count of violation of Labor law §198-a, a class A misdemeanor. The defendants were both sentenced today. The company was sentenced to a conditional discharge.
El Presidente de La Junta de Compensación Laboral del Estado de Nueva York, Robert Beloten dijo: “El gobernador Cuomo se centra en asegurar que las personas más vulnerables están protegidas en el lugar de trabajo y los empleadores sean responsables no son sancionados debido a aquellos empleadores que ignoran la ley. Bajo su liderazgo, la Junta de Compensación Laboral y nuestras agencias están y continuarán trabajando con la policía y el Fiscal General, persiguiendo agresivamente a aquellos empleadores que no protegen a sus empleados en caso de accidentes en el lugar de trabajo”.
El caso fue investigado por el investigador de la Junta de Compensación Laboral Ismael Correa bajo la supervisión del Investigador Supervisor retirado Leonard Frasco y el Investigador Supervisor Teri Cooper. El Fiscal General agradeció a la Junta de Compensación Laboral del Estado de Nueva York por su trabajo en la investigación. El Fiscal General también agradeció al Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York por su ayuda.
El caso fue también investigado por el Investigador Superior de la Fiscalía General Brian Ford, el investigador Michael McNally bajo la supervisión del Investigador Supervisor Kenneth Morgan.
El caso fue procesado por la Jefa de Sección Felice Sontupe bajo la supervisión de Terri Gerstein, Jefa del Buró de Asuntos Laborales, el Fiscal General Ejecutivo Adjunto para la Justicia Social Alvin Bragg, la Fiscal General Ejecutiva Adjunta para la Justicia Criminal Kelly Donovan, y Janet Sabel, Primer Fiscal General Adjunta para Litigación Afirmativa.