
Para miles de inmigrantes en la ciudad de Nueva York es mejor pasar hambre que perder la tarjeta de residente. La política de pánico del presidente Trump parece estar funcionando.
“Pero esta ciudad defiende a los inmigrantes y los estimula para que reciban beneficios, llamando al 311 o ingresando a la página digital de ActionNYC”, dijo Sonia Lin, abogada y subcomisionada de la Oficina del Alcalde para Asuntos de Inmigrantes (MOIA).
El problema comenzó cuando el Departamento de Seguridad Nacional propuso en octubre del 2018 que las personas que estén tramitando su residencia no tengan derecho a recibir ayuda del gobierno porque son “carga pública” (public charge).
“Hasta ahora nada ha cambiado, no sabemos si esta regla entrará en efecto o cómo será implementada, pero sabemos que el número de personas recibiendo cupones de alimento por el programa SNAP se está reduciendo de manera alarmante”, dijo Grace Bonilla, administradora de Recursos Humanos de la ciudad de Nueva York (DSS). “Especialmente los inmigrantes en los cinco condados”.

De enero del 2018 a enero del 2019, la mayor reducción en el número de personas sin ciudadanía que han dejado de recibir SNAP se halla en la comunidad latina (13.8%), afroamericana (12.3%), blanca (11.5 %) y asiática (10.5%). Entre el 2017 y el 2019, un total de 25,000 personas sin ciudadanía se retiraron de SNAP.
“Esperamos que esta cultura de miedo termine y la gente no deje de recibir la ayuda que tanto necesitan”, dijo el reverendo Brady H. Dunn III, de servicios comunitarios de Caridades Católicas.
Howard Shih, director de política e investigación de la Federación Asiático Americana, dijo que “debemos preocuparnos de aquellos necesitados que merecen nuestra ayuda”.
En la ciudad de Nueva York el programa SNAP ayuda a 1.6 millones de personas, cerca del 20% de la población, incluyendo a 200.000 residentes que pueden convertirse en ciudadanos de esta nación.
“Nosotros orientamos a las personas, caso por caso, aunque nos damos cuenta que tienen temor y están desinformadas”, dijo Nina McDermott, abogada de la Iglesia Católica en esta ciudad. “Luego identificamos a las personas que pueden solicitar ‘public charge’”.
Los datos fueron recopilados por Karl Snyder, planificador y gerente del Departamento de Recursos Humanos de la ciudad de Nueva York.
JavierCastaño