Hemos trabajado incasablemente por varias décadas para conseguir que las víctimas de violencia doméstica y de tráfico humano que no tienen la ciudadanía estadounidense reporten los abusos a las autoridades y obtengan la protección legal creada para ellas por el Congreso americano. El mal concebido y mal administrado programa que llaman “Comunidades Seguras” es un programa de deportación creado por la Oficina de Ejecución de Inmigración y Aduana (ICE) a través del la cual la policía local manda las huellas digitales de toda persona arrestada a la base de datos de inmigración, lo que amenaza con destruir todo el progreso que se había logrado para el apoyo a las sobrevivientes.
Nuestro mensaje como voceras de las víctimas de violencia es sencillo: no podemos apoyar un programa por el cual la policía local colabora con el ICE. “Comunidades Seguras” como programa debe ser eliminado, no meramente ajustado o cambiado. No podemos menospreciar el freno a reportar los crímenes de violencia que este programa está teniendo. Antes que existiera “Comunidades Seguras” hasta las sobrevivientes más listas no lograban escapar el abuso por años en gran medida porque los abusadores o traficantes utilizan la amenaza de deportación como herramienta de poder y control sobre ellas. Desde que comenzó el programa de deportación, ha habido un dramático incremento en el miedo a reportar crímenes de violencia. Este miedo está basado en hechos concretos – a través del país las víctimas de violencia doméstica y tráfico humano están siendo canalizadas a la deportación por las policías locales. “Comunidades Seguras” manda un mensaje sencillo: el reportar crímenes lleva a la deportación.
Las inmigrantes víctimas de violencia a menudo llevan una vida de aislamiento lingüístico, social y cultural. Desafortunadamente, rutinariamente escuchamos reportes de sobrevivientes a quienes no se les presta el servicio de traducción en los recintos de policía locales, lo que conlleva frecuentemente a que una sobreviviente sea inicialmente arrestada, aunque inapropiadamente, para después definir e imputarle los cargos legales, si es que estos se llegan a definir del todo. Necesitamos fomentar un ambiente de colaboración entre las sobrevivientes no ciudadanas y las autoridades de policías locales. “Comunidades Seguras” nos obstaculiza el desarrollo de esos lazos de confianza porque fomenta que las comunidades de inmigrantes le teman a las autoridades en quienes deberían confiar que las protegerían.
La falta de confianza en las autoridades de policía locales, abanicada por programas cono “Comunidades Seguras”, sirven para incrementar el riesgo que las no ciudadanas sean víctimas de violencia, dado a que los abusadores utilicen el sistema de justicia para canalizarlas hacia la deportación. Los abusadores y traficantes de personas frecuentemente fuerzan a sus víctimas a cometer crímenes; especialmente en situaciones de tráfico sexual, la víctima es arrestada y encausada penalmente, mientras que el traficante sigue libre. Muchas de estas sobrevivientes no se dan cuenta que se ha perpetuado un crimen contra ellas o que podrían ser elegible para algún remedio migratorio. El programa de “Comunidades Seguras” multiplica el impacto adverso sobre las sobrevivientes de violencia no ciudadanas que tiene el echo que las autoridades policíacas o de inmigración a cargo de deportaciones no las identifican como víctimas que les daría el derecho a no ser deportadas; aunque no sean elegibles, estas sobrevivientes se enfrentan a una batalla para conseguir representación legal adecuada y para navegar el sistema de deportación que ofrece pocas opciones y que en sí está cundido de múltiples potenciales violaciones de los derechos legales.
Le hacemos eco a las señales de alarma que han levantado las propias autoridades policíacas y legales alrededor del país indicando que “Comunidades Seguras” tiene un impacto devastador sobre la seguridad de sus comunidades. Debemos proveerle a las sobrevivientes la seguridad que reportar el abuso a que han sido sometidas no resultará en su deportación. De otra forma, muchas sencillamente no se arriesgarán. Como miembro del Grupo de Nueva York de Apoyo Contra la Deportación apoyamos firmemente a las autoridades policíacas, políticos electos, comunidades de inmigrantes y intercesores (advocates) en su continuo llamado a poner un fin a ese programa intrínsicamente defectuoso. Nada menos que la eliminación del programa “Comunidades Seguras” puede promover la seguridad y la integridad de nuestras comunidades.
Lilliam Lebrón
Directora de Desarrollo
Violence Intervention Program, Inc.
(Programa de Intervención de Violencia)
(212) 410-9080