Casi una década después de recibir la ciudadanía estadounidense, Mayra López, nacida en Guatemala, pensó que había superado todos los escollos para que sus padres vivieran con ella en Estados Unidos, pero el 4 de octubre, el presidente Donald Trump cambió las reglas.
El mandatario firmó un documento que exige que todos los posibles inmigrantes demuestren que tendrán seguro de salud en Estados Unidos dentro de los 30 días de su llegada o suficiente dinero para pagar “razonablemente costos médicos previsibles”.
El nuevo requisito, parte de una serie de políticas de línea dura de Trump, rige desde el 3 de noviembre. Quienes quieran entrar a Estados Unidos ahora deben conseguir cobertura de salud. La administración Trump no ha dado muchos detalles.
El Departamento de Estado indicó el 29 de octubre que funcionarios consulares pedirán a los solicitantes de visas que den a conocer “información relacionada con el seguro que el funcionario consular considere necesaria”, pero dieron sólo dos días para entregar los datos en lugar de los meses habituales.
López, que trabaja como niñera en California, recibió una carta para la entrevista de sus padres en la embajada estadounidense en Guatemala el 25 de noviembre que advertía: “La incapacidad de cumplir con este requisito dará como resultado la denegación de la solicitud de visa”.
Inmediatamente llamó a su aseguradora, Kaiser Permanente. La firma le indicó que sus padres, ambos de 60 años y sin problemas de salud graves, no serían elegibles porque no tenían seguro social en Estados Unidos y que aun, si los conseguían, el costo de su cobertura superaría los 1.600 dólares mensuales por ambos.
Problemas para la reunificación familiar
Los planes a largo plazo en los mercados de seguros estatales no están disponibles para los inmigrantes antes de que se encuentren legalmente en el país, según los requisitos de elegibilidad descritos en la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), impulsada por el expresidente Barack Obama.
“La orden deroga cerca de 100 años de ley que siempre ha promovido la capacidad de vivir con los miembros de su familia inmediata y perjudica a las personas de una manera que el Congreso no pretendía”, dijo Jesse Bless, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
La medida también afirma que lo que busca es evitar que los proveedores de atención médica y los contribuyentes asuman “costos sustanciales para cubrir gastos médicos en los que incurren las personas que carecen de seguro médico o la capacidad de pagar su atención médica”.
Pero expertos en políticas de salud dicen que los inmigrantes usan el sistema con menos frecuencia que los propios estadounidenses. Según un análisis de Leighton Ku, director del Centro de Investigación de Políticas de Salud de la Universidad George Washington, los inmigrantes sin seguro representaron menos de una décima parte del 1% de los gastos médicos de Estados Unidos en 2017.
Para los inmigrantes que han estado viviendo en el país sin estatus legal hay requisitos adicionales. Jorge, un colombiano de 45 años, ha vivido en Estados Unidos durante casi 20 años y está casado con una ciudadana de ese país. Se le otorgó una exención de presencia ilegal que le permitiría irse y pedir la residencia legal sin tener que afrontar un veto de varios años.
Su entrevista de visa en Colombia está programada para fines de 2019. No es legal y tampoco califica para el seguro de viaje porque actualmente se encuentra en Estados Unidos. “Ha sido muy estresante”, dijo Jorge, quien habló con Reuters con la condición de que no se usara su apellido. Voa