“El jefe del secretariado de las Farc y yo hemos acordado que a más tardar en 6 meses deben concluir las negociaciones. Es decir, que a más tardar el 23 de marzo de 2016 debe estar firmado el acuerdo final” del proceso de paz, anunció este miércoles, en La Habana, el presidente Juan Manuel Santos.
Santos habló en el centro de convenciones de la capital cubana, ante su delegación de negociadores, los representantes de los países garantes y los miembros del secretariado de las Farc, incluido su jefe máximo, ‘Timochenko’, con quien se reunió horas antes de dar la declaración sobre el acuerdo en el punto de justicia y víctimas del proceso de paz.
Y en ese punto, el cuarto acordado en tres años de diálogos, Santos reveló que se creará una jurisdicción especial para la Paz, que va a garantizar “que los crímenes cometidos con ocasión del conflicto, en especial los más graves y representativos, no quedarán en la impunidad”.
La jurisdicción constará de un tribunal y unas salas de justicia que investigarán, juzgarán e impondrán sanciones por estos delitos. Dichas penas, tal vez el punto neurálgico de la justicia transicional, serán de entre 5 y 8 años para los actores del conflicto que reconozcan delitos. Para quienes los oculten, la pena ascendería a 20 años.
En el acuerdo anunciado este miércoles se establece que las Farc comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días de la firma del acuerdo final. Es decir, hacia mayo del próximo año.
Santos destacó especialmente el paso que dieron las Farc al acordar bases de justicia transicional. “Somos adversarios, estamos en orillas diferentes, pero hoy avanzamos en una misma dirección que es la de la paz”, aseguró.
“He venido a La Habana también para hablar con Timoleón Jiménez, jefe del secretariado de las Farc. Tan importante como satisfacer los derechos de las víctimas es asegurar que no haya nuevas víctimas: que se acabe definitivamente el conflicto armado en Colombia”, dijo al panel de funcionarios, legisladores, representantes y medios de comunicación presentes.
En su intervención, el Jefe de Estado colombiano también agradeció a los países garantes, entre ellos Venezuela, y a su equipo de negociadores comandado por Humberto de la Calle.
Otros puntos del acuerdo
El garante de Cuba, Rodolfo Benítez, en la lectura del documento del acuerdo, relató que se acordó la creación de una comisión de esclarecimiento de la verdad, convivencia y no repetición.
En este se contempla la amnistía por delitos conexos a la política. Sin embargo, no serán objeto de amnistía las conductas que correspondan con delitos de lesa humanidad, genocidios, y graves crímenes de guerra, toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y violencia. Estos serán investigados y juzgados por la jurisdicción especial.
El acuerdo, además, contempla penas restrictivas de la libertad, pero que no implican cárcel, por lo que víctima y victimario podrían acordar la forma en que se cumplirá la sentencia. El desarrollo de obras es una de las alternativas. Sin embargo, la premisa es la reparación a las víctimas, pues de lo contrario habrá pena efectiva de cárcel.
La mencionada restricción de la libertad tendrá que ser verificada y controlada, asunto que Uruguay, como país ‘pro tempore’ de la Unasur, y un delegado de la Secretaría General de Naciones Unidas, ayudan a acordar.
Otro punto importante dentro de este acuerdo son las garantías de no extradición bajo la premisa de que se debe garantizar la verdad para las víctimas de más de 50 años de confrontación armada.
Además, cabe la posibilidad de que se tramite una ley de indulto, amnistía y de delitos conexos para casos específicos, punto que aún está por acordarse.
Finalmente, el acuerdo tendrá que tener una instrumentalización que pasaría por el Congreso bajo los modelos expeditos que se crearían con la reforma constitucional que el Gobierno impulsa esta semana.
Guerrilleros irán a la cárcel de 5 a 8 años
Eso establece el acuerdo que anunció el Gobierno y las Farc en La Habana. Un punto clave es que a esta nueva justicia, similar a la que en su momento se creó con la Ley de Justicia y Paz, procesará no solo a las Farc sino a “todos los que de manera directa o indirecta” fueron responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad. Esto es, a civiles y miembros de la Fuerza Pública.
Se crearán nuevos tribunales que estarán conformados en su mayoría por jueces colombianos, pero tendrán “participación minoritaria” de jueces extranjeros “de las más altas calidades”.
Esa pena será solo para quienes confiesen sus crímenes y contribuyan a reparar efectivamente a las víctimas. Quienes lo hagan de manera tardía serán sometidos a penas de entre 5 y 8 años, pero en cárceles normales.
Quienes no confiesen y sean vencidos en juicio tendrán penas de prisión de hasta 20 años.
El garante de Cuba, Rodolfo Benítez, en la lectura del documento del acuerdo, relató que se acordó la creación de una comisión de esclarecimiento de la verdad, convivencia y no repetición.
En el acuerdo se contempla la amnistía por delitos conexos a la política. Sin embargo, no serán objeto de amnistía las conductas que correspondan a delitos de lesa humanidad, genocidios, y graves crímenes de guerra, toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales y violencia. Estos serán investigados y juzgados por la jurisdicción especial. (Además: Esta es la base del acuerdo sobre justicia transicional y víctimas)
El acuerdo logrado en justicia transicional, el punto de la agenda más complejo de las negociaciones pues discutió la manera en la que los actores del conflicto responderán por los crímenes cometidos, consiste en crear una jurisdicción especial que constaría de un tribunal de dos salas, a las que llegarán todos los casos relacionados con el conflicto armado.
Por un lado, estará la sala de sentencia, a la que llegarán los procesos cuyos victimarios acepten su responsabilidad. Por el otro, habrá una sala de juzgamiento, que recibirá casos en los que no se acepten los cargos y se haga necesaria una comprobación.
El acuerdo, además, contempla penas restrictivas de la libertad, pero que no implican cárcel, por lo que víctima y victimario podrían acordar la forma en que se cumplirá la sentencia. El desarrollo de obras es una de las alternativas. Sin embargo, la premisa es la reparación a las víctimas, pues de los contrario habrá pena efectiva de cárcel.
La mencionada restricción de la libertad tendrá que ser verificada y controlada, asunto que Uruguay, como país ‘pro tempore’ de la Unasur, y un delegado de la Secretaría General de Naciones Unidas, ayudan a acordar.
Otro de los puntos importantes dentro de este acuerdo son las garantías de no extradición bajo la premisa de que se debe garantizar la verdad para las víctimas de más de 50 años de confrontación armada.
Además, cabe la posibilidad de que se tramite una ley de indulto, amnistía y de delitos conexos para casos específicos, punto que aún está por acordarse.
Finalmente, el acuerdo tendrá que tener una instrumentalización que pasaría por el Congreso bajo los modelos expeditos que se crearían con la reforma constitucional que el Gobierno impulsa esta semana.
Centro Democrático (Uribe) critica el acuerdo de paz
El Centro Democrático, en cabeza del senador Álvaro Uribe Vélez, criticó los anuncios de este miércoles del Gobierno frente al proceso de paz.
Uribe, quien entregó un comunicado de nueve puntos realizando reparos a los acuerdos en el punto de justicia transicional, señala que el hecho de que los máximos líderes de la guerrilla no vayan a la cárcel es “mal ejemplo”. (Lea: Guerrilla dejará armas dos meses después del acuerdo)
“Que el guerrillero raso no sea llevado a la cárcel es aceptable, pero concederle esta indulgencia al cabecilla, responsable de atrocidades, es mal ejemplo promotor de nuevas violencias (…) con lo cual se priva a las víctimas de la mayor reparación: el derecho a la no repetición de la violencia”, señala ese partido.
Así mismo, aseguró, como lo ha hecho en otras ocasiones, que el Gobierno da igual tratamiento a las Fuerzas Militares y a las Farc. “Las Fuerzas Armadas, como guardianes de la Nación y no actores de conflictos con terroristas, necesitan un tratamiento digno e independiente de los criminales”, expresó la colectividad.
Entre los otros puntos a los que se hicieron reparos está, en opinión del partido uribista, que no hay claridad en excluir al secuestro como delito conexo del político, que se haya abierto la posibilidad de que responsables de delitos atroces participen en política y que no se ha exigido, según Uribe, la entrega del dinero producto del terrorismo para reparar a las víctimas.
“El Gobierno ha aceptado igualar a la sociedad civil con el terrorismo, lo cual constituye grave afrenta a la comunidad colombiana, en este acuerdo convertida en victimaria, cuando durante 50 años ha sido víctima del secuestro y del asesinato narcoterrorista”, añade la comunicación.
Finalmente, el documento señala que el Centro Democrático representa a una parte de la sociedad que quiere una “justicia de verdad, una refrendación reflexiva y con las reglas vigentes”.
El Tiempo
En el ultimo tramo que permitira que cesen los fusiles en buena parte del territorio nacional y facilitara que las gentes puedan mas facilmente integrarse a las luchas en defensa de sus intereses, comprender las politicas economicas de los TLCs, de impuestos, salud y educacion asi como de recursos naturales que son lesivas para el pais, su soberania, sus pobladores…..todos debemos prepararnos para refrendar esos acuerdos a que lleguen esos dos actores del conflicto. Ademas se abre tambien el proceso de promover la cultura de la paz tan alicaida hoy en dia.