La reforma de inmigración es un espejismo que jamás llegará a ser realidad si los hispanos no usan el poder político que poseen.
Durante las últimas tres décadas, una corriente política de ultraderecha se ha ido infiltrando paulatina pero inexorablemente en la política estadounidense creando un ambiente de intolerancia hacia todo lo que no esté de acuerdo con sus premisas e ideas retrógradas. Como la xenofobia, que ya forma parte de su plataforma política y ha sido adoptada por la mayoría de los políticos del Partido Republicano.
Mitt Romney propone: “Construir un muro de 2.600 millas con suficientes guardias para custodiarlo”. Romney, quien cuenta con el endorso de Marco Rubio, también dijo que la ley de inmigración de Arizona (SB 1070) debe ser el “modelo para la nación”. Newt Gingrich prefiere: “Usar la guardia nacional en la frontera con México”. Ron Paul propone: “Eliminar todo tipo de incentivos y amnistía a los indocumentados”. Rick Santorum propone: “Completar el muro y hacer del inglés la lengua oficial”.
El partido demócrata aunque no muestra indicios de xenofobia, tampoco ha estado a la vanguardia política a favor de una reforma inmigratoria real. Prometen y no cumplen. Y los políticos hispanos de ambos partidos siguen tímidamente la línea partidista por temor a contrariar al jefe y perder el apoyo que les dan en época de elecciones. Además, la incertidumbre de vivir con el temor de ser arrestado y deportado en cualquier momento, no es parte de la vida de los inmigrantes cubanos o de los puertorriqueños, cuyos políticos comparten el poder. Marco Rubio (senador nacional republicano de Florida) de descendencia cubana, se opone rotundamente al “Dream Act” porque, “podría fomentar la migración en cadena y la inmigración ilegal”, dijo recientemente durante una entrevista con Juan Williams.
El “Tea Party”, que es un engendro de esta corriente derechista, ha logrado con su demagogia barata y estridente, que los políticos republicanos acepten su posición xenofóbica antiinmigrante dirigida contra los hispanos.
Nydia Velázquez y José Serrano, congresistas puertorriqueños demócratas de Nueva York, que dicen estar de acuerdo con una reforma migratoria real, siguen la línea blanda partidista de prometer y no cumplir. Velázquez inclusive votó en contra del Dream Act. Lo mismo sucede con el senador cubano Robert Menéndez de Nueva Jersey.
El congresista demócrata de ascendencia mexicana, Raúl M. Grijalva, de Arizona, es la excepción a la regla. Es el político hispano que más ha luchado en los últimos años por una reforma inmigratoria real y justa en Arizona, el epicentro de la corriente antiinmigrante de la ultraderecha.
Las manifestaciones pro reforma inmigratoria de mayo del 2006 que llenaron las primeras planas de los diarios de todo el país, le dieron una falsa esperanza a los 12 millones de indocumentados que residen en los Estados Unidos. En las principales ciudades del país, cientos de miles de inmigrantes protestaron en las calles pidiendo una reforma inmigratoria. Las elecciones del 2008 resucitaron las mismas promesas, que fueron revividas en el 2010 y ahora estamos en el 2012 y las promesas de una reforma inmigratoria están en boca de los políticos.
Un grupo que no olvidó las promesas a sus seguidores es la derecha ultra conservadora que se galvanizó después de las manifestaciones de mayo del 2006 y engendró el “Tea Party”, legitimizando grupos más radicales como el “Minuteman”, que se autonombró vigilante de la frontera con México, dio paso a la radicalización del gobierno de Arizona y convirtió en héroe de los ultraderechistas a Joe Arpaio, sheriff racista anti-hispano de Arizona. El 23 de abril del 2010, el gobernador de Arizona (republicano) firmó la ley SB 1070 que entre otras cosas considera como un criminal a cualquier inmigrante indocumentado que resida en Arizona. A pesar de la controversia que suscitó la SB 1070 y de la ilegalidad constitucional de varios de sus puntos, 31 estados han contemplado la idea de promulgar leyes similares. Hasta el momento, Alabama, Carolina del Sur, Georgia, Missouri, Virginia y Utah, todos estados donde el gobierno está en manos del partido republicano, han pasado o están a punto de promulgar leyes contra los indocumentados.
El Departamento de Justicia del gobierno del Presidente Obama ha repudiado esas leyes y ha llevado a corte a estos estados alegando que están en contra del gobierno federal. Las leyes de inmigración son federales y no estatales. Pero en realidad la verdadera culpa del triunfo de la ultraderecha en la promulgación de leyes antiinmigrantes, la tienen los hispanos por su apatía histórica a ejercer su derecho al voto. La ausencia de una reforma de inmigración real es una prueba irrefutable de que los políticos no le dan importancia a la comunidad hispana.
Sin excepción, la política de los políticos es: “Si no votan no cuentan”. Y esta es la triste realidad de la comunidad hispana. Y es por esto que la reforma inmigratoria continuará siendo un espejismo año tras año hasta el día que despierte la comunidad y demuestre su poder en las urnas. En ese momento, y ojalá sea pronto, los políticos tendrán que despertar y actuar.
Si los hispanos no despertamos y votamos, los 12 millones de indocumentados enfrentarán la deportación o la cárcel.
Por Carlos Vélez
Veljia47@yahoo.com