La reforma de inmigración que pasó en el Senado y es debatida en el Cámara, militariza la frontera y facilita las deportaciones. “Nadie ha dicho lo que se tiene que decir”, dijo Arnoldo Torres, analista político en Sacramento, California. “Ha sido una tragedia”. Torres dijo que la prensa hispana ha hecho un mal trabajo informando a los inmigrantes de lo que está pasando con la reforma y que el gobierno nunca permitirá que los 11 millones de indocumentados que se estima viven en el país sean legalizados.
El otro problema es que las organizaciones sin ánimo de lucro bailan amacisados con los políticos en espera del dinero del gobierno para sobrevivir.
Un análisis de Peter Schey, presidente del Centro de Derechos Humanos y Ley Constitucional (que está en California) dice que los requisitos de la ley son tan difíciles que la mitad de indocumentados – la mayoría con bajos ingresos – no van a poder legalizar su estatus migratorio.
Torres dijo que la ley protege a un millón de DREAMers y a un millón de trabajadores agrícolas, quienes podrán legalizarse en cinco años, pero que de los nueve millones de inmigrantes restantes, entre cuatro y cinco millones no calificaran para beneficiarse de la reforma.
En un video producido por la Campaña de Moratoria a las Deportaciones, una organización en Chicago, se habla de los pasos que los inmigrantes tendrán que seguir para poder hacerse ciudadanos.
Primero, un inmigrante tendrá que probar que ingreso al país antes del 31 de diciembre del 2012, pagar los impuestos que debe y pagar una multa de $1,000. Inmigrantes con record criminal o que fueron deportados y volvieron a entrar al país después del 31 de diciembre del 2012 no califican.
Una vez aprobado, el inmigrante recibirá el estado provisional conocido como RPI. El RPI permite viajar fuera del país y trabajar legalmente, pero el inmigrante no será elegible a beneficios federales. El RPI puede ser removido en cualquier momento ya que para mantenerlo, un inmigrante tendrá que probar que ha estado trabajando continuamente sin haber estado desempleado por más de 60 días. Las personas también tendrán que probar que no son un “cargo público” y han conseguido ganar más que el límite federal de pobreza.
El RPI dura seis años después de los cuales tiene que ser renovado. Después de haber estado con el RPI por diez años, el inmigrante podrá aplicar para la residencia. Para esto, tendrá que pagar $1,000 más, demostrar que ha pagado impuestos y que gana 25% más del límite de pobreza.
Con la enmienda introducida por el senador Marco Rubio de la Florida ahora los inmigrantes tendrán que demostrar que saben hablar inglés para obtener residencia. Torres dice que la ley por ahora no provee fondos para que los estados provean clases de inglés, lo que dificultaría que los inmigrantes aprendan inglés para su residencia.
La reforma también hace que el programa de identificación a trabajadores, E-Verify, sea implementado a nivel nacional. Según Torres, negocios con más de 500 empleados tendrán que implementarlo en tres años y el resto de empleadores en cinco años. Torres agrega que se han encontrado errores en E-Verify donde el sistema identifica a un residente legal como una persona indocumentada y que esto puede provocar demandas a empleadores.
“Para mí es más una ley de seguridad nacional que una ley de reforma”, dijo Viridiana Martinez, una activista de 26 años perteneciente al North Carolina DREAM Team y miembro de la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (o NIYA, por sus siglas en inglés). “Lo que yo llamaría una ley de reforma migratoria tendría más unificación familiar y esta ley no la tiene.”
El 2012, Martinez, fue recluida en un centro de detención voluntariamente. Desde allí, ella y otros infiltrados trataron de organizar a los inmigrantes allí detenidos.
Martínez dijo que ambos partidos están jugando con la comunidad inmigrante. Como ejemplo dice que cuando llama a su senadora demócrata Kay Hagan para que esta detenga una deportación, Hagan los ignora. Hagan votó en contra del DREAM Act el 2010 pero como todos los demócrata voto a favor de la reforma migratoria.
La frontera
A pesar de las dudas que existen en muchas de las organizaciones “pro-inmigrantes” acerca de la enmienda de Cocker y Hoeven pocos se atreven a pronunciarse en contra de todo el proyecto de ley, que con la enmienda duplica el número de la patrulla fronteriza a más de 40,000 agentes y da fondos para la modernización y la construcción de 700 millas de barrera.
“Hay tantos recursos en esta frontera que parece que estamos en guerra con México y Sudamérica”, dijo Torres agregando que los demócratas del Senado en vez de tratar de “mejorar” la reforma se concentraron en conseguir más votos republicanos.
Torres dijo que lo que saldrá de la Cámara de Representantes será aún peor ya que en la Cámara no hay ni un camino a la ciudadanía. Allí ya se han aprobado enmiendas que le quitan la acción diferida a los DREAMers y se han propuesto proyectos de ley que hacen de ser indocumentado un crimen y les da a los estados poder para hacer cumplir la ley de inmigración.
Para Martinez, la reforma no va a pasar la Cámara de Representantes. “Ha sido muy politizada”, dijo, “y en términos del debate, este siempre ha sido dominado por los demócratas”.
Percy Luján
Es triste, pero cualquier persona con un poco de sentido comun se da cuenta que con estas condiciones lo que estan creando es una gran trampa para poder tener a todos los indocumentados identificados y con esto hacer limpieza. 10 años de espera? Totalmente ridiculo. Cuando sera que finalmente la gente se de cuenta de que el partido Republicano y algunos Democratas tambien, lo unico que desean es poder enviar a todos los hispanos indocumentados de vuelta para sus paises. Y con tanta ilusion que tienen muchos de poder legalizar su situacion en los EU. Esto una burla del senado y el congreso para todos.