Un juez federal de Florida declaró inconstitucional la reforma federal de salud e invalidó todos los apartados que beneficiarían a las clases menos favorecidas.
Es el segundo juez federal, en dos meses, que declara inconstitucional la ley que ha definido, a nivel doméstico la presidencia de Barack Obama y que busca otorgarle acceso a un plan médico a cerca de 32 millones de personas.
Como hiciera en diciembre un juez federal de Virginia, la decisión del juez Roger Vinson, de Pensacola (Florida), permite que la ley siga vigente en lo que termina el proceso apelativo.
En su decisión de 78 páginas y al revisar una demanda que de 26 gobiernos estatales, Vinson afirmó que “la ley, como un reloj que ha sido diseñado con defectos, necesita ser rediseñada y reconstruida por el relojero”.
Contrario al juez Henry Hudson de Virginia, Vinson no se limitó a invalidar las partes referentes al mandado a las empresas y ciudadanos a adquirir planes médicos.
Pero, mantuvo que obligar a un ciudadano a adquirir un plan médico – aunque reciba subsidios del gobierno – sería “penalizar” a un individuo por no querer hacer negocios.
Los mandatos controvertidos de la ley de reforma de salud entran en vigor en 2014, cuando se establecerían los centros de intercambio de seguros que le ofrecerían incentivos al Gobierno federal para los individuos que estén sin un plan médico y las empresas que tengan que ofrecerlos.
Pese a que los procesos de apelaciones pueden tardar cerca de dos años, según los expertos, las impugnaciones judiciales de la ley de reforma de salud van en aumento y auguran que el debate puede definirse en gran medida en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
El juez Vinson rechazó, no obstante, que la expansión de Medicaid que incluye la ley –que obliga a los Gobiernos estatales a hacer nuevas aportaciones a ese programa para personas de escasos recursos económicos– violente la soberanía de los estados.
Al inicio de la sesión del Congreso, la mayoría republicana de la Cámara de Representantes federal aprobó una medida que impulsa la derogación de toda la ley.
“La reforma de salud es constitucional y consecuente con los precedentes del Tribunal Supremo”, indicó la portavoz de la minoría demócrata y pasada presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, confiada en que al final del camino la ley sobrevivirá las impugnaciones que se han disparado.
Tanto el caso de Virginia como el de Florida serán revisados en sus respectivos circuitos de apelaciones (en Richmond, Virginia, y Atlanta, Georgia, respectivamente), que son dos de los más conservadores del sistema judicial federal.
Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos confió en que el gobierno federal prevalecerá en los foros de apelaciones.
Lo mismo cree el comisionado residente Pedro Puerluisi. “Estoy confiado en que el proyecto – especialmente sus apartados más relevantes para Puerto Rico- va a ser declarado constitucional por el Tribunal Supremo de Estados Unidos”, afirmó Pierluisi.
Por ejemplo, la ley le permitiría a Puerto Rico recibir sobre $6,000 millones de cara a 2019.
El Nuevo Día